La Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación) está llevando a cabo un proceso de licitación para seleccionar a la compañía que se encargará del aseguramiento de sus tres aviones (Boeing 737-800), así como de los pasajeros y bienes que transporte durante su segundo año de operaciones.
Actualmente, este servicio es proporcionado por el Grupo Mexicano de Seguros.
“Se necesita un seguro de aviación civil que cumpla con los requisitos estipulados en el artículo 74 de la Ley de Aviación Civil, el cual indica que, para las operaciones, es indispensable contar con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual deberá permanecer vigente durante el período en que preste servicios de transporte aéreo tanto regular como no regular.”
Explicó la compañía que forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Paralelamente, la aerolínea se prepara para comenzar a ofrecer el servicio de carga aérea doméstica bajo el nombre de Mexicana Cargo Services, que “iniciará muy pronto” y ya comienza a promocionarse en sus plataformas de redes sociales para rivalizar con Viva Cargo, Aeroméxico Cargo y Volaris Carga.
Según las estimaciones de la nueva Mexicana de Aviación, durante el año de contratación del seguro (del 15 de diciembre próximo al 20 de diciembre de 2025), se proyecta realizar, al menos, 3,902 operaciones en las que transportará a 361,662 pasajeros, lo que se traduce en un factor de ocupación del 53%, teniendo en cuenta que los aviones tienen capacidad para 174 asientos.
Desde el 26 de diciembre (fecha en la que comenzó a operar la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta el 31 de julio, ha transportado a 156,816 pasajeros en 1,937 operaciones, lo que dio como resultado un factor de ocupación del 47 por ciento.
Además de las tres aeronaves Boeing que anteriormente utilizaba en sus operaciones diarias la Sedena, la aerolínea ofrece servicios comerciales de pasajeros a través de TAR, una aerolínea regional con la que tiene un contrato de arrendamiento.
Fuente: El Economista