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Se está promoviendo una iniciativa legislativa para que el fraude relacionado con accidentes de tráfico sea penalizado con hasta seis años de prisión.
Dentro del sector, se estima que el 47% de los accidentes reportados a las aseguradoras presentan indicios de fraude. Los casos más comunes incluyen el autorobo y la sobreestimación de los costes de reparación.
A continuación, se presentan los pormenores de la iniciativa que tiene como objetivo tipificar estas prácticas con sanciones concretas en el Código Penal. La propuesta busca modificar las sanciones aplicadas al fraude en siniestros viales, sugiriendo penas de entre 4 y 6 años de prisión para quienes sean acusados de crear incidentes falsos. Impulsada por el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), este jueves se presentó en el Congreso un proyecto de ley que intenta combatir uno de los principales problemas del sistema asegurador en Argentina:
El fraude
El aumento en el costo de los repuestos automotrices, producto de la alta inflación, ha provocado en los últimos años una constante fluctuación en las tarifas de las pólizas de seguros.
Las denuncias falsas y los accidentes o robos simulados continúan siendo factores que contribuyen al alto costo de asegurar un vehículo en el país.
“El autorobo de una rueda es un ejemplo típico. También se presentan casos de sobreprecios en repuestos. Sorprendentemente, el 47% de los accidentes denunciados a las compañías de seguros podrían considerarse fraudulentos. Para muchos, esto es simplemente ‘una viveza criolla’, pero se trata de un delito, y es necesario revisar las sanciones por fraude en la industria aseguradora para protegernos. Lamentablemente, en estos tiempos, estos delitos han aumentado considerablemente, impactando negativamente en los resultados de las empresas”.
Afirmó Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros, en diálogo con Infobae.
La iniciativa legislativa, que empezará a ser considerada en la comisión de la Cámara de Diputados, cuenta con el respaldo de otros catorce legisladores y el apoyo del propio Bussola, quien participó en la elaboración del texto.
Este propone ajustar el Código Penal para castigar con penas de entre cuatro y seis años a quienes realicen actos de fraude. Los demás diputados que respaldan el proyecto son Florencia de Sensi, Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini, María Sotolano, Karina Bachey, Alejandro Finocchiaro, Belén Avico, Sabrina Ajmechet, Sergio Capozzi, Martín Yeza, Martín Maquieyra, Gabriel Chumpitaz, Hernán Lombardi y Silvana Giudici.
“Quien, con la intención de obtener un beneficio ilegal en detrimento de un asegurador o prestamista, destruya o dañe intencionalmente una cosa asegurada; o quien cometiendo fraude mediante identidades falsas, falsificación de documentos o cualquier otro engaño, cause perjuicio a un asegurador, reasegurador, o a otro asegurado, se enfrentará a penas de cárcel de cuatro a seis años”,
Se detalla en el nuevo inciso 1 del artículo 174 del Código Penal.
Este artículo también incluye otros delitos con castigos similares, como el hecho de hacer firmar documentos de manera maliciosa a menores, o cometidos por empresarios o constructores en relación con obras, que pongan en peligro la seguridad de las personas, bienes o el Estado, así como fraudes a la administración pública, entre otros.
Hasta el momento, la legislación vigente prevé sanciones de hasta dos años en suspensión para quienes sean hallados culpables de fraude en seguros, una pena excarcelable que часто se resuelve con un acuerdo de “probation”.
Es común que las compañías de seguros realicen investigaciones propias ante sospechas de fraude, muchos de los cuales terminan con el desistimiento del reclamante al confirmarse que se trata de una maniobra ilegal.
Si esta nueva ley se promulga, tales casos conllevarán penas efectivas de entre cuatro y seis años. Según datos del sector asegurador, alrededor del 40% de los pagos de indemnización anuales son considerados injustificados, ya que corresponden a siniestros falsos o a indemnizaciones infladas.
En Argentina, este porcentaje se eleva al 47%, y en prácticamente la mitad de estas situaciones, las compañías terminan desembolsando más dinero del que deberían o asumiendo el costo de casos fraudulentos.
En las consideraciones del proyecto se mencionan varios escenarios de fraude, como la simulación de accidentes para reclamar compensaciones por daños o lesiones, frecuentemente con testimonios falsos. También se registran casos de talleres que facturan servicios no prestados, así como profesionales de la salud que emiten documentos falsos para tratamientos innecesarios.
Menos frecuentes, pero igualmente irregulares, son los casos donde se contratan pólizas con múltiples aseguradoras y luego se reclaman pagos de distintos seguros por el mismo siniestro.
“La reducción en la cantidad de casos de fraude permitirá que el sistema asegurador funcione de manera más eficiente, mejorando la solvencia de las compañías y reduciendo el costo de las pólizas para los asegurados”.
Concluyó Bussola.
Fuente: INFOBAE