FASECOLDA señaló que ha habido un aumento en la actividad fraudulenta relacionada con reclamos de accidentes falsos, lo cual está perjudicando a aquellos que realmente necesitan ayuda y está generando un impacto negativo en el presupuesto destinado a este fin. En su detallado análisis, FASECOLDA destacó que los dos tipos de fraudes más comunes relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) son la presentación de documentos irregulares al momento de hacer reclamos y la simulación de lesiones. La asociación ha comunicado que el incremento en los casos de fraude al SOAT está dificultando que las personas que requieren asistencia médica la reciban de manera oportuna, al mismo tiempo que está generando un impacto económico negativo significativo. Asimismo, FASECOLDA mencionó que el SOAT es el tipo de seguro con mayor cantidad de irregularidades reportadas en el país, seguido por los seguros de riesgos laborales y de automóviles. Para prevenir un aumento en los casos de fraude, la asociación resaltó la importancia de llevar acabo capacitaciones periódicas para identificar posibles casos sospechosos. El SOAT se encuentra actualmente enfrentando numerosos desafíos, como fraudes freceuntes y un déficit fiscal considerable. Los fraudes en el sector asegurador representan una amenaza significativa para países como Colombia, ya que socavan la estabilidad económica y afectan directamente a la población.
Estas prácticas ilegales provocan un aumento en los costos de las primas de seguros, ya que las compañías buscan compensar las pérdidas ocasionadas por reclamos fraudulentos. Este incremento en los precios afecta especialmente a las personas con menores ingresos, dificultando su acceso a servicios de seguros esenciales.
Además, los fraudes en el sector asegurador contribuyen a minar la confianza en las instituciones y en la integridad del sistema financiero, lo cual puede desincentivar la inversión y el desarrollo económico, teniendo un impacto negativo en la prosperidad a largo plazo del país. La lucha contra el fraude en el sector asegurador también requiere una asignación significativa de recursos por parte del Gobierno y las compañías, lo cual implica desviar fondos que podrían destinarse a áreas más productivas.
