Reforma Tributaria 2026

La reforma tributaria propuesta para 2026 en Colombia, conocida formalmente como Ley de Financiamiento, representó un intento significativo del Gobierno nacional por asegurar recursos adicionales para el Presupuesto General de la Nación. Radicada inicialmente en septiembre de 2025, la iniciativa buscaba recaudar inicialmente 26,3 billones de pesos, cifra que se ajustó posteriormente a 16,3 billones mediante concesiones y modificaciones. Su objetivo principal era cubrir un déficit presupuestal que amenazaba la ejecución plena del gasto público programado para 2026, estimado en alrededor de 546,9 billones de pesos.

Este proyecto surgió en un contexto de desafíos fiscales persistentes, agravados por la necesidad de cumplir con la regla fiscal y financiar compromisos sociales, inversión en infraestructura y transición energética. El Gobierno argumentaba que la reforma promovería la progresividad tributaria, reduciendo exenciones y gravando sectores con mayor capacidad contributiva, sin afectar directamente la canasta familiar ni incrementar el IVA general. Sin embargo, enfrentó fuerte oposición en el Congreso, donde se criticó su impacto potencial en la inversión privada, el crecimiento económico y la carga sobre ciertos sectores productivos.

El trámite legislativo se desarrolló en medio de tensiones políticas, con debates intensos en las comisiones económicas conjuntas. A pesar de ajustes como la eliminación de algunos gravámenes propuestos inicialmente, el proyecto fue archivado el 9 de diciembre de 2025 por la Comisión Cuarta del Senado, con nueve votos en contra y cuatro a favor. Esta decisión implicó el hundimiento definitivo de la iniciativa, dejando desfinanciado el presupuesto en aproximadamente 16 billones de pesos y obligando al Ejecutivo a explorar alternativas como recortes presupuestales o medidas administrativas.

El rechazo reflejó divisiones profundas: mientras el Gobierno lo presentaba como esencial para la sostenibilidad fiscal y la equidad, opositores lo consideraban insuficiente para una reforma estructural y potencialmente regresivo en algunos aspectos. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro anunció la intención de presentar una nueva propuesta enfocada en los contribuyentes de mayor patrimonio. Este episodio subraya la complejidad de las reformas fiscales en Colombia, donde el equilibrio entre recaudo, equidad y crecimiento económico sigue siendo un desafío central. La experiencia de 2026 resalta la importancia de consensos amplios para avanzar en ajustes tributarios duraderos.

Contexto y Objetivos de la Propuesta

La Ley de Financiamiento para 2026 se enmarcó en un panorama fiscal marcado por déficits acumulados y la necesidad de retornar gradualmente a la regla fiscal. El Presupuesto General de la Nación aprobado ascendía a 546,9 billones de pesos, pero dependía en parte de ingresos adicionales que la reforma pretendía generar.

Antecedentes Fiscales

Colombia ha enfrentado presiones fiscales en años recientes, con déficits elevados que obligaron a ajustes en metas de balance primario. Para 2026, se proyectaba un déficit significativo si no se obtenían recursos extras. La propuesta inicial de 26,3 billones se redujo a 16,3 billones tras negociaciones, incorporando medidas para mejorar la eficiencia del recaudo y reducir el gasto tributario.

Objetivos principales:

• Financiar el presupuesto sin recurrir excesivamente a endeudamiento.
• Promover progresividad al gravar más a sectores de alta renta y patrimonio.
• Avanzar en temas ambientales y de salud pública mediante incentivos y gravámenes específicos.
• Fortalecer la administración tributaria para combatir evasión y elusión.

El Ministerio de Hacienda enfatizó que no se tocaría la canasta familiar ni se incrementaría el IVA general, enfocándose en exenciones y sectores específicos.

Evolución del Proyecto

Radicado en septiembre de 2025, el proyecto sufrió modificaciones para ganar apoyo legislativo. Se eliminaron o ajustaron gravámenes como el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y revisiones a la gasolina. A pesar de ello, persistieron críticas por su potencial impacto en el sector financiero, juegos de azar y patrimonios altos.

Esta fue la tercera iniciativa tributaria del Gobierno, tras aprobaciones y rechazos previos, destacando la dificultad para consensos en un Congreso fragmentado.

Principales Medidas Propuestas

Aunque el proyecto no prosperó, sus disposiciones ilustran las prioridades fiscales del Ejecutivo. Se estructuraba en títulos que abordaban reducción de gasto tributario, ajustes en renta y patrimonio, gravámenes ambientales y mejoras administrativas.

Ajustes en Impuestos Indirectos y Consumo

Medidas destacadas:

• Aplicación de IVA del 19% a juegos de azar digitales y ciertos servicios.
• Incremento en impuestos al consumo de licores, tabaco y combustibles de forma gradual.
• Reducción de exenciones en IVA para combustibles y otros bienes, con énfasis en transición energética.

Estas buscaban generar recaudo permanente y desincentivar consumos nocivos para la salud.

Impuestos Directos: Renta y Patrimonio

Se proponía ampliar la base del impuesto al patrimonio, bajando umbrales y creando tarifas marginales más altas para los mayores patrimonios. En renta, se ajustaban sobretasas al sector financiero y tarifas para personas naturales de altos ingresos.

Aspectos clave:

• Sobretasa adicional al sector financiero para equiparar su carga efectiva.
• Tarifas progresivas en patrimonio, afectando aproximadamente al 1-2% de contribuyentes más ricos.
• Beneficios para sectores como turismo, renovables e infraestructura regional.

Medidas Ambientales y Administrativas

Inclucía incrementos al impuesto al carbono y gravámenes al sector minero-energético. Además, fortalecía herramientas de la DIAN para fiscalización, como reportes obligatorios y procedimientos simplificados.

Estas disposiciones apuntaban a alinear el sistema tributario con metas de sostenibilidad y eficiencia.

Trámite Legislativo y Hundimiento

El proyecto avanzó inicialmente en algunos debates, pero enfrentó resistencia creciente. Las comisiones económicas conjuntas fueron el escenario principal.

Debates y Ajustes

En noviembre de 2025, superó primeros obstáculos con votos favorables en ciertas comisiones. Sin embargo, la oposición argumentó falta de respaldo fiscal y riesgos para la inversión.

Concesiones realizadas:

• Eliminación de gravámenes a bebidas alcohólicas y ajustes en combustibles.
• Enfoque en recursos permanentes versus temporales.

Decisión Final

El 9 de diciembre de 2025, la Comisión Cuarta del Senado rechazó la ponencia positiva (9-4), archivando definitivamente el proyecto. Esto dejó el presupuesto desfinanciado, obligando a recortes estimados en 16 billones.

Críticas incluyeron motivaciones políticas y necesidad de una reforma estructural más amplia.

Impactos y Consecuencias

El archivo de la reforma generó implicaciones inmediatas y de mediano plazo para las finanzas públicas.

Efectos Presupuestales

El presupuesto se ajustó a 530,6 billones, implicando recortes en inversión, infraestructura (como vías 4G y Metro de Bogotá) y programas sociales. El Gobierno evaluó herramientas como congelamiento presupuestal.

Beneficios percibidos por opositores:

• Alivio temporal para hogares y empresas al evitar nuevos gravámenes.
• Presión para austeridad en el gasto público.

Reacciones y Perspectivas

El Ejecutivo criticó la decisión como contraria al interés nacional, mientras analistas destacaron que el faltante representa menos del 3% del presupuesto, manejable con ajustes. Posteriormente, se anunció una nueva propuesta enfocada en “megarricos” para reducir desigualdad.

Este episodio resalta la necesidad de diálogos amplios para reformas fiscales sostenibles.

En conclusión, la reforma tributaria propuesta para 2026 en Colombia no logró aprobación, marcando un revés para el Gobierno y obligando a ajustes presupuestales significativos. Aunque buscaba equidad y sostenibilidad, su hundimiento refleja polarización política y desafíos estructurales en el sistema fiscal. Las consecuencias incluyen recortes en gasto público y posibles impactos en crecimiento económico, pero también abre espacio para debates futuros sobre una reforma integral. Expertos coinciden en la urgencia de medidas que combinen recaudo eficiente, control de evasión y racionalización del gasto. Hacia adelante, el próximo Gobierno enfrentará el reto de construir consensos para garantizar estabilidad macroeconómica y progresividad tributaria, esenciales para el desarrollo equitativo del país. Este caso ilustra cómo las reformas fiscales trascienden lo técnico, involucrando visiones divergentes sobre el rol del Estado y la distribución de cargas contributivas.

Escrito por: Tarsila Carrada